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Informe soBRE LOs derechos humanos en españa - 2007
España
El Reino de España,
con una población de 45,1 millones de habitantes aproximadamente, es una
democracia parlamentaria con una monarquía constitucional. El parlamento es
bicameral y normalmente el dirigente del mayor partido político o coalición es
nombrado presidente. Las elecciones generales celebradas en 2004 fueron libres
e imparciales. El Partido Socialista Obrero Español ganó las elecciones, a las
que concurrieron numerosos partidos, y José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió
en presidente. En general, las autoridades civiles mantuvieron el control
efectivo de las fuerzas de seguridad.
Generalmente, el gobierno respetó
los derechos humanos de los ciudadanos y la legislación y el poder judicial
ofrecieron mecanismos eficaces para hacer frente a los casos concretos de
violación de los derechos humanos. Se denunciaron casos de malos tratos a
sospechosos por parte de las fuerzas de seguridad y a niños inmigrantes en
centros de detención. Se denunciaron retrasos en la comparecencia de personas
detenidas ante un juez y en proporcionar asistencia jurídica a personas
detenidas. Se denunció que, en ocasiones, las autoridades expulsaban a
inmigrantes ilegales sin aplicar filtros para detectar a posibles solicitantes
de asilo. El 5 de junio, el grupo terrorista Patria Vasca y Libertad (ETA)
declaró el final del “alto el fuego permanente” declarado en marzo de 2006 y
durante el año continuó su campaña terrorista de atentados, además de matar a
dos guardias civiles españoles en el sur de Francia. Entre los problemas
sociales hubo los siguientes: grupos judíos denunciaron actos aislados de
vandalismo y antisemitismo, grupos musulmanes denunciaron cierta discriminación
social y hubo incidentes de violencia social contra otras minorías; también se
denunciaron casos de violencia doméstica y de tráfico de personas.
RESPETO
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Sección 1
Respeto de la integridad de la persona, incluyendo no someterla a:
a. Privación
arbitraria o ilegal de la vida
No se denunció que el gobierno o
sus agentes cometieran asesinatos arbitrarios o ilegales.
El 27 de
abril, la Audiencia Provincial de Almería condenó al guardia civil José Manuel
Rivas a 15 meses de prisión y tres años de inhabilitación en relación con la
muerte en 2005 de Juan Martínez Galdeano a consecuencia de los golpes recibidos
mientras se encontraba bajo custodia de la Guardia Civil. Otros dos guardias
civiles fueron multados.
El 23 de
enero, la Audiencia Provincial de Barcelona absolvió al agente de la policía
autonómica catalana acusado de homicidio imprudente por la muerte del ciudadano
marroquí Farid Ben Daoud en 2004.
A diferencia
de años anteriores, durante el año ETA no fue responsable de ningún asesinato en
España, aunque hubo heridos a consecuencia de la explosión de un coche bomba y
de un intento de asesinato. El 1 de diciembre, ETA mató a dos miembros de la
Guardia Civil en una pequeña localidad francesa cerca de la frontera con
España.
La
investigación sobre la muerte de dos personas a causa del atentado de ETA en un
aparcamiento del aeropuerto internacional de Madrid en diciembre de 2006
continuaba a finales de año y no había
sospechosos bajo custodia.
b. Desaparición
No se denunciaron desapariciones
por motivos políticos.
c. Tortura y otros tratos o
castigos crueles, inhumanos o degradantes
La
constitución y la legislación prohíben dichas prácticas y generalmente el
gobierno respetó esta prohibición; sin embargo, se denunciaron casos de abusos e
impunidad por parte de la policía.
Amnistía
Internacional (AI) informó de que en Barcelona una mujer fue detenida tras
intentar intervenir en la detención violenta de otra persona en junio. Según el
informe de AI, la mujer fue esposada y llevada a una celda de una comisaría,
donde cuatro agentes de policía le propinaron una paliza. Un médico de la
policía indicó que la mujer presentaba sólo contusiones leves, pero un informe
médico posterior a su puesta en libertad señaló múltiples hematomas en el
cuerpo. En agosto, la mujer fue multada por resistencia a la autoridad.
Durante el
año, los tribunales catalanes investigaron seis denuncias contra agentes de la
policía autonómica catalana que supuestamente trataron de manera degradante a
personas detenidas que se encontraban bajo custodia en la comisaría de Les Corts,
comisaría central de Barcelona. Tres de las denuncias tuvieron su origen en
2006 y tres en 2007.
El 13 de
julio, un juez de Barcelona acusó a ocho miembros de la policía catalana de
maltratar a cuatro personas mientras se encontraban detenidas en las comisarías
de policía de Ciutat Vella y Sants‑Montjuic en marzo de 2006.
A finales de
año, los 13 policías acusados de propinar una paliza al ciudadano guatemalteco
Luis Carrillo en junio de 2006 no habían sido juzgados debido a la imposibilidad
de localizarle por parte de las autoridades.
En su informe
anual publicado el 12 de mayo, la Coordinadora española para el Comité del
Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura informó de que 610 personas
habían denunciado a las fuerzas de seguridad por malos tratos en 2006, 32
denuncias menos que en 2005.
AI expresó
preocupación por los inmigrantes que son expulsados sin supervisión judicial,
sometidos a malos tratos y detenidos ilegalmente por parte de las fuerzas de
seguridad. El sindicato policial español Confederación Española de Policía
acusó a AI y la ONG española SOS Racismo de inventarse los informes para obtener
fondos públicos.
En 2006 la
Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia informó de que las ONGs
seguían recibiendo denuncias de personas extranjeras, de etnia gitana e
inmigrantes que afirmaban haber sido víctimas de lenguaje insultante y ofensivo,
abusos y violencia por parte de las fuerzas de seguridad. El informe señalaba
que las víctimas raras veces presentaban denuncias y los sucesos raras veces se
investigaban.
En 2006,
cuatro desconocidos propinaron una paliza a un inmigrante magrebí, que
posteriormente buscó ayuda policial. En lugar de ayudar a la víctima, la
policía esposó al hombre y le dejó en el interior de un vehículo policial
durante más de 30 minutos antes de buscar atención médica.
Los
resultados de la investigación gubernamental sobre los supuestos abusos y malos
tratos por parte de las fuerzas de seguridad a extranjeros ilegales detenidos en
2006 no habían sido publicados a finales de año.
El 24 de
agosto, ETA hizo estallar un vehículo cargado con 100 kilogramos de explosivo
junto a la Casa Cuartel de la Guardia Civil
en Durango que hirió
a dos guardias civiles y causó importantes daños materiales. El 9 de octubre,
terroristas de ETA intentaron matar al escolta de un político vasco con una
bomba en su coche; el escolta escapó del vehículo en llamas y sobrevivió.
Condiciones
en prisiones y centros de detención
En general, las condiciones
penitenciarias cumplían las normas internacionales y el gobierno permitió las
visitas de observadores de derechos humanos independientes.
Las
prisiones estaban masificadas, con una media de 1,6 presos por celda
aproximadamente. Durante el año se inauguraron
dos nuevos establecimientos penitenciarios.
El 10 de
julio, el Comité para la Prevención de la Tortura publicó un informe sobre su
viaje a España en 2005. Los autores recopilaron numerosas denuncias de malos
tratos, en algunos casos de carácter grave. El informe apuntaba que los
internos carecían de protección adecuada contra el maltrato y recomendaba que
las prisiones mantuvieran un registro de las heridas presentadas por los
reclusos en el examen médico de ingreso que incluyera información sobre el
posible origen de las mismas. La respuesta formal del gobierno, publicada
también por el Comité para la Prevención de la Tortura, reconocía las
preocupaciones del Comité, examinaba varios casos y trataba de abordar ciertas
preocupaciones legales planteadas.
d. Detención o prisión
arbitrarias
La
Constitución y la ley prohíben la detención o la prisión arbitrarias y
generalmente el gobierno observó estas prohibiciones.
Papel de los cuerpos y fuerzas de
seguridad
Las fuerzas
policiales engloban a la Policía Nacional y la Guardia Civil, ambas bajo la
autoridad del gobierno central, a la Policía Municipal y a las fuerzas
policiales bajo la autoridad de los respectivos gobiernos autonómicos de
Cataluña y del País Vasco. Todas realizaron su labor de manera eficaz y las
denuncias de corrupción fueron casos aislados. La Constitución establece la
existencia de un Defensor del Pueblo, que investiga las denuncias de abusos por
parte de la policía. El Defensor del Pueblo presentó 26 denuncias judiciales de
oficio, incluyendo varias relacionadas con casos de muerte durante la estancia
en prisión. Durante 2006, la red del Defensor del Pueblo tramitó 3 663
denuncias relacionadas con cuestiones de justicia, defensa y asuntos internos.
Detención y prisión
La
legislación establece que la policía puede detener a los sospechosos con causa
probable o con una orden judicial basada en pruebas suficientes. Con ciertas
excepciones, la policía no puede retener a un sospechoso durante más de 72 horas
sin una vista. Según el informe del Comité del Consejo de Europa para la
Prevención de la Tortura mencionado anteriormente, esta exigencia
de que un detenido debe ser llevado ante un juez antes
de 72 horas no se cumplía rigurosamente en la práctica. En general, no
se informaba en seguida a los detenidos de su derecho a los servicios gratuitos
de un abogado y era común que se les
permitiera acceder a un abogado sólo en el momento en que prestaban declaración
oficial mientras se encontraban bajo custodia de la policía.
Generalmente, los detenidos eran informados en seguida de los cargos
contra ellos. Los tribunales dejaban a los acusados en libertad bajo fianza a
menos que creyeran que podían huir o suponían una amenaza para la seguridad
pública.
En ciertos
casos poco frecuentes, relacionados con actos de terrorismo o de rebelión, la
ley permite que las autoridades detengan a los sospechosos por un periodo de
hasta cinco días antes de comparecer, con autorización de un juez. En estos
casos, un juez también puede ordenar la detención en régimen de incomunicación
durante todo ese periodo, que puede ser prolongada por el tribunal hasta 13
días. La ley establece que los sospechosos detenidos en régimen de
incomunicación tienen derecho a un abogado, pero no necesariamente de su
elección. El Colegio de Abogados español, no el Estado, elige a un abogado para
el detenido. Los observadores de derechos humanos señalaron que esta facultad
conlleva un abuso potencial. Las autoridades respondieron que este tipo de
detención era poco frecuente.
Se produjeron
casos de prisión provisional prolongada. El 1 de noviembre, la población
penitenciaria era de 66 809 presos, el 24% de
los cuales se encontraban en prisión provisional.
La ley establece que las autoridades no pueden mantener en prisión a los
imputados durante más de dos años sin juzgarles, a menos que un juez autorice
una prórroga, que puede ampliarse a cuatro años. En la práctica, la prisión
provisional solía durar menos de un año.
e.
Privación de un juicio público imparcial
La Constitución establece la
existencia de un poder judicial independiente y generalmente el gobierno respetó
la independencia judicial en la práctica.
Procedimientos judiciales
La Constitución y la ley establecen
el derecho a un juicio imparcial y generalmente un poder judicial independiente
hizo respetar este derecho.
Los juicios
son públicos. Hay un sistema de jurado integrado por nueve personas. Los
acusados tienen derecho a ser representados por un abogado (a cargo del Estado
para las personas sin recursos económicos), a un careo con los testigos, a
presentar testigos a su instancia y a acceder a las pruebas. Asimismo, gozan de
la presunción de inocencia y del derecho a apelar.
Presos
y detenidos políticos
No se denunció la existencia de
presos o detenidos políticos.
Procedimientos judiciales civiles y
reparaciones
Existe un poder judicial
independiente e imparcial para cuestiones civiles y se puede acceder a un
tribunal para interponer demandas para pedir daños y perjuicios por una
violación de los derechos humanos o el cese de ésta.
f.
Intromisión arbitraria en la intimidad, la familia, el hogar o la
correspondencia
La
Constitución prohíbe estas acciones y generalmente el gobierno respetó esta
prohibición.
Sección 2
Respeto de las libertades civiles
a. Libertad de
expresión y de prensa
La Constitución establece la
libertad de expresión y de prensa y generalmente el gobierno respetó estos
derechos. La combinación de una prensa dinámica e independiente, un poder
judicial eficaz y un sistema político democrático activo garantizaba la libertad
de expresión y de prensa.
Los medios de
comunicación independientes fueron activos y generalmente expresaron una amplia
variedad de puntos de vista sin limitaciones. Los individuos podían criticar al
gobierno públicamente o en privado sin represalias y el gobierno no intentó
impedirlo.
La ley
establece la prohibición, sujeta a supervisión judicial, de actos como la
expresión pública o la publicación de documentos que, según el gobierno,
enaltezcan o apoyen el terrorismo. Por ejemplo, Arnaldo Otegi, líder del brazo
político de ETA, fue condenado en junio a 15 meses de prisión por exaltación del
terrorismo durante su participación en la conmemoración del 25 aniversario de la
muerte de un miembro de ETA en 2003.
El 23 de
agosto, las autoridades detuvieron y extraditaron a Gerd Honsik a Austria, donde
estaba acusado de “negar el Holocausto” y condenado a una pena
de prisión de uno a dos años.
Promocionar o justificar el genocidio era delito
en el país, pero el apartado del Código Penal que castiga la difusión de ideas o
doctrinas que nieguen los delitos de genocidio fue declarado inconstitucional
por el Tribunal Constitucional en noviembre.
El juicio a
Pedro Varela, negador del Holocausto, detenido y acusado de apología del
genocidio e incitación al odio racial en 2006, no había comenzado a finales de
año.
El informe
anual de Reporteros Sin Fronteras criticaba a la
organización terrorista ETA por amenazar a periodistas, sosteniendo que
en España algunos necesitaban protección personal debido a las amenazas.
Libertad en Internet
El gobierno no
restringió el acceso a Internet, ni se denunció que realizara un seguimiento del
correo electrónico o los chats por Internet. Los individuos y grupos
podían expresar pacíficamente sus opiniones a través de Internet, incluyendo el
correo electrónico. Sin embargo, las autoridades
hacían un seguimiento de sitios web en busca de
material que contuviera expresiones de
incitación al odio o defendiera el antisemitismo y tomó medidas
en, al menos, un caso; en abril, el
gobierno clausuró el sitio web de R. E. Aitor por colgar material neonazi.
Internet era
fácilmente accesible a través de varios proveedores y el gobierno no les exigía
que restringieran el acceso del público a ningún sitio web.
Libertad
de cátedra y actos culturales
El gobierno no restringió la
libertad de cátedra ni los actos culturales.
b. Libertad de reunión pacífica y de asociación
La
Constitución prevé la libertad de reunión y de asociación y generalmente el
gobierno respetó estos derechos.
c. Libertad
religiosa
La Constitución establece la
libertad religiosa y en general el gobierno respetó este derecho. La
Constitución declara que el país es un estado laico y distintas leyes disponen
que ninguna religión debe tener el carácter de religión del Estado; sin embargo,
el catolicismo era la religión predominante y gozaba de la relación oficial más
estrecha con el gobierno. La Iglesia Católica recibía financiación a través del
sistema tributario: los contribuyentes, con independencia de su confesión,
podían elegir asignar un pequeño porcentaje de sus impuestos a la Iglesia
Católica. El gobierno también le daba cierta financiación directa y
financiación para los profesores de religión de los colegios públicos, los
capellanes castrenses y de hospital y otras ayudas indirectas. La comunidad
judía, la musulmana y muchas protestantes estaban consideradas oficialmente como
de "notorio arraigo" y recibían algunos beneficios fiscales a través de acuerdos
con el Estado, pero gozaban de menos privilegios que la Iglesia Católica. A los
Testigos de Jehová les fue concedido el “notorio arraigo” en enero y a los
budistas en noviembre (y a la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día
en 2003); sin embargo, no reciben los mismos beneficios y privilegios concedidos
a las demás religiones de "notorio arraigo", que llegaron a acuerdos
individuales con el gobierno en 1992. En mayo, el gobierno indicó que, en lugar
de negociar acuerdos individuales con cada uno de estos grupos religiosos,
enmendaría las leyes que rigen los beneficios y privilegios fiscales para los
grupos religiosos para ampliarlos a todos los grupos que obtengan el
reconocimiento de “notorio arraigo”. El Parlamento no había adoptado esta
proposición cuando quedó disuelto en diciembre antes de las elecciones.
El 11 de octubre, la Audiencia
Nacional falló que la Iglesia de la Cienciología debía ser incluida en la lista
de los grupos religiosos presentes en el país, revocando una decisión de 2005
del Ministerio de Justicia, que había tratado a la Cienciología como asociación
cultural. La Iglesia de la Cienciología se inscribió oficialmente como religión
en el registro del Ministerio de Justicia el 12 de diciembre.
En distintas ocasiones, líderes de
las comunidades musulmana y judía se quejaron de dificultades para obtener
permisos y aprobaciones para construir nuevos lugares de culto. En concreto, se
pusieron obstáculos judiciales a la construcción de una mezquita en Sevilla,
según la Fundación Mezquita de Sevilla a causa de los prejuicios sociales contra
el islam. En 2006, Bermejales 2000, asociación vecinal que reunió 1 500 firmas
contra la construcción, presentó un recurso. El 17 de mayo, el Ayuntamiento de
Sevilla declaró que la ciudad rechazaba la construcción de la mezquita. Sin
embargo, el 28 de noviembre, un tribunal de Sevilla falló que la construcción
podía tener lugar según lo previsto.
Comunidades musulmanas se quejaron
de la falta de cementerios musulmanes
en el país. En septiembre, el Ministerio de Justicia estaba trabajando
para aumentar la cooperación entre gobiernos locales y comunidades musulmanas
para abordar estas preocupaciones.
La ley prevé
financiación pública para profesores de religión católica, musulmana,
protestante y judía en colegios públicos cuando al menos diez alumnos soliciten
la asignatura. Líderes musulmanes se quejaron de que la demanda de enseñanza
del islam superaba con creces la capacidad del gobierno para satisfacerla.
Discriminación y abusos sociales
En ocasiones,
el aumento de la población inmigrante en el país produjo fricciones sociales,
que en casos aislados tuvieron un componente religioso. Los musulmanes seguían
padeciendo algunos prejuicios sociales y algunos ciudadanos culpaban a los
nuevos inmigrantes marroquíes del aumento de la tasa de delincuencia en el país.
El 29 de
enero, en Cataluña, un político de extrema derecha presentó una moción en el
Ayuntamiento de Vic para que se prohibiera el uso del hiyab, o velo que
cubre totalmente el rostro, en público. La moción fue rechazada y criticada por
otros miembros del Ayuntamiento y por los medios de comunicación.
En noviembre
de 2006, cuatro mujeres propinaron una severa paliza a una musulmana en Santa
Cruz de Tenerife (Canarias) por llevar el hiyab. Las agresoras llamaron
“mora” a la mujer debido a su vestimenta islámica. La víctima, una española
convertida al islam, informó de que el ataque tuvo lugar en presencia de
vecinos, pero ninguno de ellos intervino antes de que acabara el año.
No se realizó
ninguna detención por los actos de vandalismo contra la mezquita del parque de
Colón, en Córdoba, en noviembre de 2006.
A diferencia
del año anterior, no hubo incendios provocados en mezquitas en la ciudad
autónoma de Ceuta, en el norte de África. Las autoridades no habían acusado a
nadie en conexión con los incendios de 2006.
Líderes de la
comunidad judía informaron de que, aunque la violencia contra personas de dicha
comunidad – cuyo número aproximado de miembros era 40 000 — era poco frecuente,
continuaba habiendo ataques antisemitas, como pintadas en instituciones
judías.
En junio, trabajadores de la
construcción descubrieron un antiguo cementerio en Tárrega en el que
posteriormente se exhumaron sin supervisión religiosa los huesos de 158
personas. Basándose en el hallazgo de anillos con nombres en hebreo en algunas
sepulturas y en la situación del yacimiento respecto al antiguo barrio judío de
la ciudad, parecía que el cementerio existía antes de la expulsión de los judíos
de España en 1492. A petición de grupos judíos internacionales y locales, los
restos del cementerio de Tárrega fueron inhumados de nuevo en el cementerio
judío de Barcelona el 30 de julio.
Los gobiernos locales son la
autoridad competente para lo relacionado con los cementerios y los
enterramientos y grupos religiosos han informado de diversos grados de éxito en
la mejora del trato e inhumación de restos exhumados, así como en el acceso a
cementerios para religiones concretas, especialmente cementerios musulmanes. La
Federación de Comunidades Judías de España
elaboró un protocolo no vinculante
para que fuera seguido por el gobierno nacional y los gobiernos locales
al abordar tales asuntos. El Ministerio de Justicia convocó
una conferencia de gobiernos locales en diciembre
para aclarar las responsabilidades de éstos relacionadas con
la libertad religiosa, como el respeto de
los cementerios.
El 23 de
agosto, las autoridades detuvieron al negador del Holocausto Gerd Honsik
para que hiciera frente a acusaciones en Austria, donde negar el
holocausto es delito y Honsik estaba condenado a
una pena de prisión de uno a dos años.
Líderes musulmanes y protestantes
citaron la labor de la Fundación gubernamental Pluralismo y Convivencia como un
claro paso hacia la integración de confesiones no católicas. El gobierno
atribuyó a esta Fundación el significativo aumento del número de organizaciones
religiosas no católicas inscritas en el registro del Ministerio de Justicia,
dado que la inscripción era un requisito para solicitar fondos de la Fundación.
Para un examen más detallado, véase el
Informe internacional sobre libertad religiosa
del año 2007.
d. Libertad
de circulación, desplazados internos, protección de los refugiados y apátridas
La ley prevé la libertad de
circulación en el interior del país, para viajar al extranjero, de emigración y
de repatriación y generalmente el gobierno respetó estos derechos.
La ley prohíbe el exilio forzoso y
el gobierno no hizo uso de él.
Protección de los refugiados
La ley dispone la concesión de
asilo o de la condición de refugiado de acuerdo con la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de
1967 y el gobierno ha establecido un sistema para proporcionar protección a los
refugiados. Generalmente, la proporcionó contra la devolución de personas a un
país
en el que había razones
para creer que podían ser perseguidas
(refoulement). El gobierno concedió el estatuto de refugiado o el asilo.
El gobierno
también brindó protección temporal a personas que no cumplían las condiciones de
refugiado según la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967. Según la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en
2006 el país concedió el estatuto de refugiado a 168 personas. Otras 172
personas recibieron protección complementaria y 16 fueron admitidas por razones
humanitarias.
El gobierno
cooperó con el ACNUR y otras organizaciones humanitarias, como la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado, para ayudar a los refugiados y a los
solicitantes de asilo.
Durante el año, el país recibió a
muchos menos inmigrantes sin papeles de África que en 2006, cuando más de 30 000
inmigrantes subsaharianos entraron en el país a través de las Islas Canarias.
Durante el año, 12 478 inmigrantes sin papeles alcanzaron las Islas Canarias, de
los cuales aproximadamente el 92% fueron repatriados a sus respectivos países de
origen. El gobierno repatrió a un total de 55 938 inmigrantes sin papeles
durante el año.
En abril, la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
recurrió la decisión del gobierno de trasladar a
23 inmigrantes de Cachemira interceptados en el
mar a Mauritania, donde permanecían retenidos
bajo custodia española desde hacía dos meses aproximadamente a la espera de su
repatriación. Según la CEAR, su retención en
Mauritania no debía haber excedido los 40 días y
debía haber incluido representación legal; la CEAR alegó también que la
repatriación de las 23 personas a Cachemira podía suponer una vulneración del
principio de no devolución (refoulement). El
gobierno concedió el asilo a seis personas, repatrió a Pakistán a trece y otro
país europeo aceptó a las cuatro restantes. El 19 de julio, la CEAR apeló al
gobierno para que hiciera esfuerzos para garantizar que los inmigrantes
repatriados no serían perseguidos.
Según la ONG Save the Children, el
gobierno repatrió a menores sin garantizar su seguridad en su país de origen.
El Defensor del Pueblo, en su informe anual, hizo recomendaciones para modificar
ciertos procedimientos para garantizar la legalidad de la repatriación de
menores.
Seguía
preocupando la calidad de los centros de detención. El 5 de julio, Human Rights
Watch denunció que cientos de niños inmigrantes no acompañados corrían peligro
de ser víctimas de violencia y malos tratos en las instalaciones de detención de
las Islas Canarias. Human Rights Watch denunció que las instalaciones estaban
masificadas, no se daba acceso a la educación pública, los niños estaban
desprotegidos y se restringía indebidamente su libertad de movimiento.
Seguía en
curso la investigación de las acusaciones a policías por abusar sexualmente de
detenidas en el Centro de Internamiento de
Extranjeros de Málaga; en 2006, varias ONGs apelaron al gobierno para que lo
cerrara, aduciendo “numerosas irregularidades”.
Sección 3 Respeto de los
derechos políticos: derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno
La constitución garantiza el
derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno pacíficamente y los ciudadanos
ejercieron este derecho en la práctica a través de elecciones periódicas, libres
e imparciales celebradas por sufragio universal.
Elecciones y participación
política
En 2004, José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista, se convirtió en
presidente tras unas elecciones generales libres e imparciales. El poder
ejecutivo se dividía entre el gobierno central y 17 gobiernos regionales. Las
minorías lingüísticas y culturales estaban representadas y participaban en
partidos políticos locales y nacionales.
129 de los 350
escaños del Congreso de los Diputados (cámara baja) y 61 de los 259 del Senado
(cámara alta) estaban ocupados por mujeres. De los 16 miembros del Consejo de
Ministros, siete eran mujeres.
El gobierno no
mantenía estadísticas sobre la composición étnica del parlamento, pero las
minorías lingüísticas y culturales estaban representadas. Uno de los miembros
del parlamento catalán era de origen marroquí. Había partidos políticos
musulmanes en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en el norte de África.
La población gitana tenía poca representación en el gobierno. Durante el año,
el gobierno nombró asesora del Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, a una persona de etnia gitana, la primera para un
puesto de alto nivel.
Corrupción y transparencia en el gobierno
La ley
establece sanciones penales para los casos de corrupción de funcionarios y
generalmente el gobierno puso en práctica esta disposición de hecho. Durante el
año hubo varias denuncias de corrupción gubernamental, especialmente en los
gobiernos locales.
En
septiembre, 86 personas habían sido acusadas en relación con la investigación en
2006 de delitos de corrupción y económicos en el gobierno de Marbella. La
alcaldesa, el ex jefe de la policía y gran parte del gobierno de Marbella fueron
acusados de delitos como corrupción inmobiliaria, cohecho y malversación. Juan
Antonio Roca, presunto cabecilla de la trama de corrupción, permanecía bajo
custodia a final de año a la espera de juicio. A finales de año no había
comenzado el juicio contra ninguno de los 86 acusados.
Los
funcionarios estaban sujetos a las leyes sobre
revelación de información financiera aprobadas en 2005. El Ministerio de
Administraciones Públicas era el responsable de
gestionar y
aplicar la Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses. Además, en
2005 el gobierno aprobó un Código del Buen
Gobierno de los Miembros del Gobierno y de los
Altos Cargos de la Administración General del Estado.
La
ley establece el acceso público a la información del gobierno y generalmente el
gobierno lo facilitó.
Sección 4 Actitud del gobierno respecto a la investigación internacional y
no gubernamental de supuestas violaciones de los derechos humanos
Una gran
variedad de grupos nacionales e internacionales de derechos humanos trabajaron
generalmente sin restricciones por parte del gobierno e investigaron y
publicaron sus conclusiones sobre casos de derechos humanos. En general, los
funcionarios públicos cooperaron y se mostraron receptivos a sus puntos de
vista.
Sección 5 Discriminación, abusos sociales y tráfico de personas
La ley
prohíbe la discriminación por razones de raza, sexo, discapacidad, lengua o
condición social y generalmente el gobierno la hizo cumplir de hecho.
Mujeres
La ley prohíbe la violación, también dentro del matrimonio, y el gobierno la
hizo cumplir de hecho. El gobierno informó de 6 331 casos de agresión, acoso o
abusos sexuales hasta el mes de noviembre.
La ley prohíbe la violencia contra las mujeres y los medios de comunicación
independientes y los organismos del gobierno le prestaron mucha atención.
Durante el año, las mujeres presentaron 63 347 denuncias por malos tratos contra
sus respectivos maridos, parejas o ex parejas, aproximadamente el mismo número
que el año anterior. Según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, más de
600 000 mujeres mayores de 18 años (el 3,6%) fueron víctimas de violencia
doméstica durante el año.
La ley
establece penas de prisión de entre seis meses y un año para los casos de
violencia doméstica, amenazas o violación de una orden de alejamiento y penas
más largas en caso de lesiones graves. Entre el 29 de junio de 2005 y el 30 de
junio de 2007, las autoridades condenaron a 49 968 hombres por violencia
doméstica de un total de 69 200 procesos. Durante 2006, los juzgados especiales
de la mujer dictaron 29 617 órdenes de alejamiento contra hombres.
Más de 50 oficinas proporcionaban
asistencia jurídica a las víctimas de violencia doméstica y había
aproximadamente 293 centros de acogida para mujeres maltratadas. Una línea
telefónica nacional gratuita 24 horas informaba a las mujeres maltratadas de los
lugares en los que podían encontrar acogida y otra ayuda en su zona. Durante el
año hubo 1 614 policías especializados en la protección de las víctimas de
violencia doméstica (un incremento de 1 109 policías desde 2004).
En octubre había 70 juzgados especializados que se ocupaban exclusivamente de
casos de violencia doméstica y 90 unidades judiciales especializadas.
El informe de AI “Más
derechos, los mismos obstáculos”, de junio de 2006, declaraba que la aplicación
por parte del gobierno de la ley sobre violencia doméstica era desigual y las
regiones fuera de la capital generalmente proporcionaban menos recursos a las
mujeres maltratadas.
La mutilación genital femenina
está prohibida. En Cataluña, la ley exige que un médico examine a las
inmigrantes que se considera están en peligro de ser sometidas a la mutilación
genital femenina cuando van y vienen de su país de origen. Si se determina que
una niña ha sido sometida a esta práctica, sus padres se arriesgan a perder su
custodia. En la práctica, no se realizó el examen médico a ninguna inmigrante,
porque no hubo sospechas de casos de mutilación genital femenina.
En junio, un tribunal de Gerona
prohibió que una niña de tres años viajara a Gambia con su madre debido a la
sospecha de que la niña fuera sometida a la mutilación genital femenina. En
agosto, la Comisión contra la Mutilación Genital Femenina de Gerona se pronunció
en contra de que tres niñas viajaran a su país de origen por la misma razón. En
otros ocho casos, no se permitió que los padres viajaran con sus hijas a menos
que accedieran a que las niñas fueran sometidas a un examen médico a su
regreso. En junio, el Instituto de la Mujer había informado de dos denuncias
relacionadas con la mutilación genital femenina.
La
prostitución no es ilegal, pero obligar a otras personas a prostituirse y
organizar redes de prostitución es delito; es ilegal sacar provecho de la
prostitución de otra persona. La prostitución fue identificada como un
problema. Los gobiernos locales, especialmente los de Madrid y Barcelona,
continuaron su labor de disuasión de la prostitución. En julio, el Ayuntamiento
de Madrid instaló 31cámaras de vídeo en uno de los mayores parques de la ciudad,
en el que las prostitutas se reunían por la noche. Entre las iniciativas para
combatir la prostitución también hubo campañas publicitarias disuasorias,
restricciones en las proximidades de los centros escolares y acciones policiales
como el cierre de carreteras para disuadir a los clientes de buscar a
prostitutas.
El tráfico de mujeres para la explotación sexual fue un problema
La legislación
prohíbe el acoso sexual en el lugar de trabajo; sin embargo, el acoso fue
reconocido como un problema. Según el Instituto de la Mujer, el 15% de las
mujeres sufrió algún tipo de acoso sexual durante 2006, aunque sólo el 1% pidió
ayuda. El Instituto informó de 490 denuncias por acoso sexual entre enero y
noviembre.
Según la ley, las mujeres gozan de los mismos derechos que los hombres,
incluidos los derechos según la legislación sobre la familia, la legislación
sobre la propiedad y en el sistema judicial. El Instituto de la Mujer trabajó
para garantizar los derechos de la mujer, combatir la discriminación económica e
integrar a las mujeres en el lugar de trabajo. Seguía habiendo discriminación
salarial y las mujeres ocupaban menos puestos de alta dirección que los hombres.
Infancia
El gobierno
estaba firmemente comprometido con los derechos y el bienestar de la infancia.
La enseñanza
es obligatoria hasta los 16 años y gratuita hasta los 18. No había diferencias
aparentes en el trato a las niñas y los niños en la educación. Según
estadísticas del Consejo Económico y Social de la ONU correspondientes a 2002 y
2003, el 100% de los niños estaban escolarizados en la educación primaria y el
96% en la secundaria.
El acceso al
sistema nacional de atención sanitaria era igual para niñas y niños.
El Ministerio
de Sanidad y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales eran los responsables
del bienestar de la infancia. Varios gobiernos autonómicos tenían una oficina
del Defensor del Menor, encargado de defender los derechos de los niños.
En junio, el Congreso de los Diputados aprobó una revisión de la ley para
endurecer las penas para los delincuentes de entre 14 y 17 años. La nueva ley
también permite que los testigos y las víctimas menores de edad testifiquen por
videoconferencia sin tener una confrontación visual con el acusado.
Hubo
denuncias de maltrato infantil. En febrero, el Director del Centro Reina Sofía
para el Estudio de la Violencia dijo que el maltrato infantil había aumentado un
150% entre 2001 y 2005. En septiembre, el Centro Reina Sofía anunció que el 8%
de los niños españoles sufrían maltrato psicológico o físico, pero sólo una muy
pequeña parte de estos casos eran denunciados a las autoridades. En noviembre,
el gobierno lanzó una campaña de concienciación pública sobre el maltrato
infantil con publicidad en vallas, en la radio y en la televisión.
El tráfico de niñas adolescentes para la explotación sexual fue un problema
Tráfico
de personas
La ley prohíbe toda clase de
tráfico de personas; sin embargo, se denunció que el país era lugar de destino o
de paso de víctimas del tráfico de personas.
El país fue
lugar de destino y también de tránsito de víctimas del tráfico de personas para
la explotación comercial sexual y, en menor grado, el trabajo forzoso
(principalmente en la agricultura, la construcción y el empleo doméstico).
Normalmente, las mujeres víctimas del tráfico de personas tenían entre 18 y 25
años de edad, aunque algunas tan sólo tenían 16, según se informó. Las mujeres
víctimas del tráfico de personas procedían principalmente de Latinoamérica
(Colombia, Ecuador y Brasil), Europa del Este (Rumania, Rusia y Ucrania) y el
África subsahariana (Nigeria).
Generalmente,
los traficantes de personas eran delincuentes organizados con base en los países
de origen. Para mantener el control sobre sus víctimas, los traficantes
utilizaban métodos como el maltrato físico, el consumo forzado de drogas, la
incautación de documentos de viaje y las amenazas a la familia. La violencia y
las amenazas graves fueron los métodos utilizados más frecuentemente por los
traficantes con las mujeres de Europa del Este. Algunas víctimas de otras
regiones eran atraídas con falsas promesas de empleo en la industria del sector
de servicios y en la agricultura, pero a su llegada eran obligadas a
prostituirse. Las ONGs informaron de un aumento de los casos en los que los
traficantes permitían que sus víctimas se quedaran con una parte del dinero que
ganaban con la prostitución, con el fin de disminuir su deseo de escapar de la
red.
La ley prohíbe
el tráfico de personas para la explotación laboral o sexual. La pena era de
prisión de 5 a 15 años. La ley prohíbe también la explotación de prostitutas
por medio de la coacción o el fraude y la explotación de los trabajadores en
general. La pena era de prisión de 5 a 10 años. En diciembre de 2006, el
Consejo de Ministros aprobó un aumento de la pena de prisión de dos a seis años
para los traficantes pertenecientes a una organización delictiva.
En junio, las
fuerzas de seguridad desarticularon una red para la explotación comercial sexual
de mujeres, lo que se tradujo en la detención de 88 personas. También en junio,
la policía desmanteló tres redes internacionales que explotaban sexualmente a
hombres y mujeres de Paraguay, Brasil y Venezuela; 10 personas fueron
detenidas. En julio, la policía también desarticuló una red que explotaba a
trabajadores marroquíes. Durante las investigaciones realizadas durante el año,
se encontró a 300 víctimas aproximadamente.
Durante 2006,
se comenzaron 272 investigaciones relacionadas con el tráfico de personas, se
acusó a 113 personas y se impusieron 178 condenas, de una media de 5,1 años. La
policía desarticuló 240 redes de tráfico de personas, detuvo a 1 039 personas y
liberó a 2 288 víctimas.
El Ministerio
del Interior coordina las medidas contra el tráfico de personas y trabaja
estrechamente con la oficina de la Presidencia, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación. La
Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), unidad
especial de la Policía Nacional, se ocupa del tráfico de personas. La unidad de
inteligencia de la UCRIF analizaba tendencias y datos estadísticos y coordinaba
tareas y compartía datos con la Guardia Civil e Interpol. Una vez al trimestre,
las oficinas regionales de la Policía Nacional realizaban una revisión para
fijar los objetivos de la lucha contra el tráfico de personas y evaluar el éxito
en el cumplimiento de los objetivos del trimestre anterior.
Durante el año, 200
policías y guardias civiles trabajaron exclusivamente para combatir el tráfico
de mujeres y niños.
La ley permite que las víctimas del
tráfico de personas permanezcan en el país si acceden a testificar contra los
traficantes. Las víctimas tienen un “periodo de reflexión” de 30 días para
recuperarse en un entorno seguro antes de pedírseles que decidan si cooperan con
la investigación policial y el procesamiento de los traficantes. Una vez
concluido el proceso, las víctimas pueden optar entre permanecer en España o
regresar a su país de origen.
El gobierno financió y trabajó con
ONGs que proporcionaban ayuda a las víctimas del tráfico de personas. Además,
los gobiernos autonómicos y locales proporcionaron asistencia directamente o a
través de ONGs. Representantes de los programas gubernamentales de educación
contra la violencia dirigidos a mujeres víctimas y una ONG contra el tráfico de
personas asociada informaron de que el 89% de las víctimas a las que ayudaron
presentaron denuncias.
El gobierno hizo un contrato con
Proyecto Esperanza, orden internacional de religiosas cuya rama española se
centraba únicamente en las mujeres maltratadas, para dar protección, alojamiento
y asesoría a las víctimas del tráfico de personas. Proyecto Esperanza dirigía
centros de acogida en Madrid, proporcionaba ayuda con servicios médicos y
jurídicos y hacía de enlace entre los organismos responsables de la aplicación
de la ley y las víctimas que optaban por testificar contra los traficantes.
Muchas de las personas que recibía le eran enviadas directamente por la
policía. El gobierno autonómico y los gobiernos locales de Cataluña hicieron un
contrato con Cáritas para los mismos servicios.
Personas discapacitadas
La ley prohíbe la discriminación de las personas discapacitadas en el empleo, la
educación, el acceso a la atención sanitaria y la prestación de otros servicios
públicos y el gobierno hizo cumplir esta disposición de hecho. La legislación
obliga a que los edificios públicos sean accesibles para las personas
discapacitadas y en general el gobierno hizo cumplir esta disposición; sin
embargo, los niveles de ayuda y de accesibilidad diferían de una comunidad
autónoma a otra. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es el responsable
de proteger los derechos de las personas discapacitadas.
En julio, el
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales nombró Director General de Coordinación
de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad a una persona discapacitada, la
primera para un puesto de alto nivel en la Administración.
Minorías nacionales/raciales/étnicas
El 7 de
octubre, el español Sergi Xavier Martín agredió a una ecuatoriana en el metro de
Barcelona. La videovigilancia
del metro y los relatos de los testigos
oculares de la agresión no provocada indicaron que la única motivación del
agresor fue que la víctima era inmigrante. Posteriormente,
el agresor dijo a los periodistas que había
bebido demasiado. Argumentando que no existía riesgo de fuga,
las autoridades le pusieron en libertad bajo fianza a la espera de
juicio.
El 4 de
noviembre, cinco jóvenes propinaron una paliza a un ciudadano colombiano de 56
años de edad en el municipio madrileño de Las Rozas mientras gritaban "Viva
España". La ONG "Movimiento contra la Intolerancia" afirmó que se trataba de un
ataque racista. A final de año no se había detenido a ningún sospechoso.
El 13 de
noviembre, un juez ordenó prisión provisional para Roberto Alonso de la Varga
por atacar al ciudadano congoleño Miwa Buene en febrero y dejarle tetrapléjico.
La pena máxima es superior a los dos años de prisión; a final de año el juicio
no había comenzado.
En junio, la
ONG SOS Racismo alertó de un incremento de las actitudes xenófobas en Cataluña
basándose en el aumento de los escaños obtenidos por partidos políticos de
extrema derecha en las elecciones municipales de mayo en dos poblaciones de
Barcelona. Observando que tales partidos
basaron su estrategia electoral en afirmar una supuesta relación entre
inmigración y delincuencia, SOS Racismo denunció que la lucha contra las
organizaciones ultraderechistas no era una prioridad para las autoridades y
apuntó que las detenciones de miembros ultraderechistas y neonazis por actos
violentos habían descendido casi dos tercios en 2006. SOS Racismo también
calculaba que estaban en funcionamiento más de 300 páginas web españolas que
propugnaban el odio y la violencia hacia diversos grupos, como los inmigrantes.
El 28 de
febrero, la policía detuvo a seis personas acusadas de atacar a inmigrantes en
Cataluña. Los detenidos eran miembros del "Frente Joven Obrero"
y la policía se incautó de documentos y libros sobre la negación del
Holocausto y la exaltación del nazismo, así como
de 26 armas, incluyendo de fuego,
y casi 4 000 cartuchos. Los detenidos fueron juzgados y condenados.
La
investigación del ataque al ciudadano gambiano Bakari D.
en septiembre de 2006 estaba en curso a finales de año. Se identificó a
un sospechoso, pero todavía no había sido juzgado. Las autoridades concluyeron
que el ataque no constituía un delito de odio.
La población gitana seguía siendo
objeto de discriminación. Según la ONG nacional Fundación Secretariado Gitano,
la población gitana seguía siendo objeto de discriminación en el acceso al
empleo, la vivienda y la educación. La comunidad gitana – cuyo número
aproximado de miembros, según la Fundación, era 600 000 — sufría índices de
desempleo, pobreza y analfabetismo sustancialmente más elevados que la población
en general. Un estudio de la Fundación hecho público en septiembre de 2006
indicaba que hasta el 80% de los niños de etnia gitana no terminaban la
educación secundaria obligatoria.
El informe de
agosto de la Fundación Secretariado Gitano atribuyó al gobierno central y los
gobiernos locales la toma de varias medidas importantes para mejorar la
aceptación cultural y el bienestar social de la población gitana, como
proporcionar ayuda a varias ONGs dedicadas a mejorar las condiciones de vida de
la población gitana. En marzo, el gobierno
creó la Fundación Instituto de Cultura Gitana para desarrollar y fomentar la
historia, la cultura y la lengua gitanas.
En octubre,
aproximadamente 5 000 escritores, políticos, periodistas, editores, académicos,
actores y directores de cine firmaron un manifiesto en el que se criticaba el
despido de la escritora/periodista de Catalunya Radio Cristina Peri, que afirmó
que había sido despedida por hablar en castellano en lugar de en catalán.
Otros tipos de discriminación y
abusos sociales
No hubo
violencia o discriminación sociales significativas a causa de la orientación
sexual o contra personas con VIH/SIDA.
Sección 6 Derechos de los trabajadores
a.
Derecho
de asociación
La ley permite que los
trabajadores, excepto los de las Fuerzas Armadas, los jueces, los magistrados y
los fiscales, funden sindicatos y se afilien al de su elección sin autorización
previa ni excesivos requisitos y los trabajadores lo hicieron en la práctica.
Aproximadamente el 15% de los trabajadores estaban sindicados. La ley prohíbe
la discriminación de los miembros y los organizadores de los sindicatos por
parte de los empresarios; sin embargo, los sindicatos afirmaron que en muchos
casos los empresarios practicaban la discriminación negándose a renovar los
contratos temporales de trabajadores que participaban en la organización
sindical.
b.
Derecho
a la organización y la negociación colectivas
La ley permite que los sindicatos
lleven a cabo sus actividades sin interferencia y el gobierno protegió este
derecho en la práctica. También prevé el derecho a la organización y la
negociación colectivas, incluyendo a todos los trabajadores del sector público a
excepción del personal militar, y este derecho fue ejercido en la práctica. La
negociación colectiva del sector público incluye los salarios y los niveles de
empleo, pero el gobierno retuvo el derecho a fijarlos si fracasaban las
negociaciones. Los acuerdos de negociación colectiva estaban extendidos tanto
en el sector público como en el privado, en el que cubrían a entre un 85% y un
90% de los trabajadores. La ley prevé el derecho de huelga y los trabajadores
ejercieron este derecho llevando a cabo huelgas legales. Una huelga en el
sector de los servicios no esenciales era legal si el sindicato avisaba con
cinco días de antelación. Todo sindicato en huelga debe respetar los servicios
mínimos negociados con el empleador correspondiente.
No hay leyes especiales ni exenciones a las leyes laborales regulares en las
tres zonas económicas especiales: las Islas Canarias, Ceuta y Melilla.
c.
Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio
d. Prohibición
del trabajo infantil y edad mínima para trabajar
Existen leyes
y políticas para proteger a los niños de la explotación en el lugar de trabajo.
Aunque, en general, el trabajo infantil no fue un problema, se denunció la
existencia de tráfico de niños para la
explotación sexual. La edad mínima legal para que un niño sea contratado son
los dieciséis años. La ley prohíbe también que los menores de dieciocho años
trabajen por la noche, realicen horas extraordinarias o trabajen en sectores
considerados peligrosos. El principal responsable de su aplicación es el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la edad mínima se hizo cumplir de
hecho en las principales industrias y en el sector servicios. Resultó más
difícil hacer cumplir la ley en las granjas pequeñas y en empresas familiares,
en las que siguió habiendo algún tipo de trabajo infantil. La legislación que
prohíbe el trabajo infantil se aplicó de hecho en las zonas económicas
especiales.
e.
Condiciones
de trabajo aceptables
El salario
mínimo era de 876 dólares (600 euros) al mes aproximadamente, lo que
generalmente no proporcionaba un nivel de vida digno para una familia con unos
únicos ingresos. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales hizo cumplir de
hecho el salario mínimo.
El Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, tiene la responsabilidad técnica del desarrollo de las normas
de trabajo y la Inspección de Trabajo es la responsable de aplicar la ley por
medio de inspecciones y de la acción judicial en caso de infracción. Los
sindicatos criticaron al gobierno por no dedicar recursos suficientes a la
inspección y la aplicación de la ley. Los trabajadores tienen derecho a eludir
situaciones que pongan en peligro su salud o su seguridad sin que por ello
peligre su puesto de trabajo y las autoridades lo hicieron respetar de hecho;
sin embargo, es posible que los empleados con contratos de trabajo temporales no
entiendan que la ley les ampara en este sentido.
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